Muchos han sido los diagnósticos de la inseguridad e impunidad en el Ecuador, –causas, consecuencias-, y pocas soluciones estructuradas y sustentadas. Ante las noticias de la prensa sobre el incremento de la delincuencia, los reclamos ciudadanos y las respuestas políticas de las autoridades, se han dejando a un lado procesos de investigación, análisis, y alternativas factibles a corto, mediano y largo plazo.

Las estadísticas existentes, demuestran que los delitos más comunes, son el de robo con violencia de menor cuantía, en el que están involucrados los delincuentes que operan en las calles, y los principales afectados son las personas, domicilios y las empresas. Por eso los ciudadanos tienen miedo ante el incremento delincuencial, que lo ven y lo sienten día a día, ya que el efecto de un asalto y robo, causa en las personas, un trauma psicológico muy difícil de superar, si bien importan los bienes robados, que son celulares, dinero en efectivo, el radio del vehículo, el vehículo mismo en la vía pública, joyas y otros bienes que portan las personas, televisores, equipos de sonido, molesta y alarma la sensación de inseguridad, percibir que las calles y la ciudad no son seguras, que no existen autoridades que controlen a la delincuencia, que somos altamente vulnerables.

Todo esto se incrementa cuando los jueces por el sistema existente, no pueden sancionar a los delincuentes. Se presentan miles de denuncias por delitos, muchos de ellos por delitos ?agrantes, y el porcentaje de sentencias condenatorias en muy  bajo, se sanciona aproximadamente al 0.5% de los casos denunciados, y esto no solo incrementa el nivel de inseguridad, sino que la impunidad por falta de sanción, alienta a los delincuentes a continuar cometiendo sus fechorías. El problema es más crítico en los lugares donde existe gran a?uencia de turistas, y esto afecta a uno de los principales sectores económicos, como es el turismo.

Las propuestas para mejorar la inseguridad se basan en cinco ejes: Prevención, Investigación, Juzgamiento, Sanción y Rehabilitación.

La prevención, es anticiparse a los hechos delictivos, mediante procesos educativos, políticas de estado, actividades policiales y de los ?scales.

Todos entran en el mismo proceso, no importa si el robo fue
por cien, mil o cien mil dólares. La única división que existe
para efecto de juzgamiento, es la división entre los delitos de
acción pública, y los delitos de acción privada.

La seguridad no sólo es un problema judicial, ni de la policía, es social, en donde todas las personas deben involucrarse, desde las autoridades gubernamentales, o los ciudadanos desde nuestros hogares, lugares de trabajo, o los centros educativos. Todos debemos colaborar, buscando una mayor solidaridad con nuestros amigos, vecinos, haciendo que los barrios sean sitios donde la comunidad participe en actividades sociales, comunales, deportivas, de adecentamiento y cuidado de los espacios públicos, para que los mismos estén iluminados, y sirvan a la comunidad. Debemos conocer a nuestros vecinos, identi?car a las personas que no residen en el barrio o la calle, y que están en actitud sospechosa, establecer mecanismos de control, para en un caso de emergencia, ayudarnos unos a otros.

En los comercios, buscar medidas de control y prevención, con alarmas, guardias, vigilancia, de manera tal que tanto los usuarios, como los delincuentes, vean que existe organización y medidas de control, contra la delincuencia, lo cual ahuyentará a los antisociales. Adquirir una cultura por la seguridad, para no transitar solos por vías obscuras o peligrosas, estacionar los vehículos en parqueaderos cerrados, disponer de alarmas en las viviendas y vehículos, identi?car una situación de peligro. No comprar cosas hurtadas o robadas. Promover la formalidad en las transacciones comerciales o mercantiles. Desechar la ayuda de chulqueros, o de inversionistas de dudosa reputación. No existe el dinero fácil.
En los centros educativos, promover las prácticas deportivas, fuera del horario de clases, o los ?nes de semana y feriados. Crear espacios para la lectura, las artes, la música. Saber identi?car las necesidades de la niñez y juventud, para apoyarles y alejarles de las drogas, o el licor. Promover charlas donde se den a conocer los peligros del alcohol, las drogas, la violencia.

Prevención policial, con medidas de inteligencia, para que se anulen a las bandas delictivas antes de que operen, de esa manera se evitará el sicariato, la venta de drogas, el robo de vehículos, los asaltos a domicilios. En nuestra legislación penal existe tipi?cado como delito “la asociación ilícita”, que bien se puede utilizar por parte de policías y ?scales, para acusar a las personas que se están asociando para cometer delitos. No esperar que las bandas actúen para detenerles y juzgarles por los delitos cometidos.

Investigación.-

Porque los procesos de investigación son lentos, y no permiten el juzgamiento de un porcentaje adecuado de los acusados de cometer los delitos más comunes. Muchas son las causas, una es la falta de coordinación entre policías y ?scales, ya que la ley –Código de Procedimiento Penal-, otorgó la facultad de la investigación preprocesal y procesal penal en forma exclusiva a los ?scales, y 640 ?scales que existen a nivel nacional, no pueden investigar 250.000 denuncias que se presentan anualmente en el País.
En la práctica, no existe un sistema profesional de investigación, y se continúa manteniendo un proceso escrito, que es inadecuado a la fecha. Como solo los ?scales pueden investigar, los policías esperan que se les delegue un proceso, para iniciar una investigación, con lo cual se pierden muchas de las pruebas, y se mantiene al margen a profesionales de la investigación. A todo esto hay que sumar, que no existe una coordinación adecuada entre la Policía Judicial y los Fiscales, cada uno trabaja bajo criterios diferentes, mandos y estructuras distintos, y sistemas incompatibles.
No existe un sistema administrativo para clasi?car el conocimiento, investigación y posterior juzgamiento de los delitos, acorde con la gravedad de los mismos, la peligrosidad de los delincuentes, o la cuantía de los bienes robados o hurtados. Todos entran en el mismo proceso, no importa si el robo fue por cien, mil o cien mil dólares. La única división que existe para efecto de juzgamiento, es la división entre los delitos de acción pública, y los delitos de acción privada.

Juzgamiento.-

No se han implementado sistemas para el conocimiento de las causas, acorde al volumen de las mismas, por lo que existen muy pocos ?scales para conocer los delitos más comunes, y esto colapsa el sistema, e impide que se puedan iniciar verdaderos procesos de investigación a todas las denuncias presentadas, la consecuencia, pocos dictámenes acusatorios, pocos juicios, y muy pocos delincuentes sentenciados. Por cada delito existe un expediente, y una investigación en las o?cinas de los ?scales, cuando lo que deberíamos es investigar y anular la operatividad de las bandas delictivas que actuan en la ciudad, en forma previa, y no esperar a que se cometa un delito, para activar los sistemas legales.
No se logra ni siquiera sancionar a los acusados de un delito ?agrante, en donde existen todos los elementos para que una persona sea juzgada y condenada, por eso se denomina el “delito consumado”. El sistema privilegia los derechos del delincuente, y no de las personas afectadas, por eso el Estado nombra un Juez de Flagrancia, el cual resuelve si la persona que fue detenida en el momento mismo en que cometía un delito, queda o no detenida, y si resuelve su detención, concede al ?scal 30 días para investigar este caso.

El acusado dispone además de un defensor público pagado por el Estado, a más del defensor privado que es su abogado, para que le de?enda en este caso. El perjudicado no tiene este privilegio. Si en el delito ?agrante existen todos los elementos constitutivos del delito, como son: autor, afectado, bienes sustraídos, testigos y policía que lo aprendió, el Fiscal no tiene que investigar, debe utilizar estos elementos para acusar, y con estas  pruebas, procesar al acusado en un juicio inmediato, para que un Juez dicte sentencia con una pena de prisión, acorde a la gravedad, antecedentes y peligrosidad del delincuente, e ingresarlo en forma inmediata a un proceso de rehabilitación.

El papel que desempeñan los Jueces y Tribunales Penales en la etapa de investigación y juzgamiento, no es el más adecuado, ya que el actual sistema de juzgamiento, faculta para que la etapa del juicio, solo sea conocida por los Tribunales Penales, ya que los Jueces de Garantías Penales, están para los procesos previos al juicio, o para el conocimiento de delitos de acción privada, desperdiciando valiosos recursos humanos. Esto debe cambiar, con un sistema administrativo para el conocimiento y juzgamiento de las causas acorde a la gravedad de los delitos, así los delitos menores que son los más comunes, deberían ser conocidos por Jueces Contravencionales, cambiando la tipi?cación de los delitos de robo, hurto y abigeato (robo de ganado), y haciendo constar que si los mismos no superan una cuantía de cinco mil dólares, serán considerados como contravenciones, delito sancionado con una pena que iría de treinta días a un año de prisión.

Los Jueces Penales conocerían los delitos intermedios, aquellos que merecen penas de prisión que irían de un año hasta cinco años, y los delitos graves, aquellos que merecen una pena de reclusión de cinco años en adelante,  serán juzgados por los Tribunales Penales. Clasi?cación administrativa, para el juzgamiento, donde debería existir un mayor número de jueces contravencionales, por ser esta clase de delitos los más comunes y voluminosos, aproximadamente el 92% de las denuncias presentadas, para un juzgamiento inmediato y efectivo, que busque la rehabilitación de los delincuentes menos peligrosos.

Sanción.-

Se debe diferenciar la sentencia que debe imponerse a un delincuente común, de la que se impone a una persona que por circunstancias especiales comete un delito. En el primer caso, la condena será la cárcel y la rehabilitación, pero en el segundo, la prisión se puede sustituir con trabajos comunitarios, así una mujer puede cumplir su condena trabajando en un hospital, asilo de ancianos, orfelinatos. Un joven, sembrando árboles, pintando pasos cebras, en una perrera municipal. Las cárceles no son para todos los  infractores. Eso sí se debe castigar con más rigor la reincidencia, entendiendo que un reincidente, es una persona que vuelve a delinquir, no cometiendo el mismo delito como se encuentra regulada en nuestro sistema penal, sino cometiendo cualquier falta tipi?cada como delito en nuestro Código Penal.

Rehabilitación.-

Los procesos de rehabilitación no existen en el Ecuador. La justicia penal no solo debe buscar el castigo a la persona que violó la ley, que causo un daño, debe buscar fundamentalmente su rehabilitación, de manera tal que cuando cumpla su pena, pueda incorporarse a la sociedad, como un miembro activo y positivo. No podemos permitir que vuelvan a delinquir, ya que esto signi?ca que falló el sistema de rehabilitación.
Mantenemos cárceles colapsadas, las cuales no reúnen las condiciones mínimas de salubridad, ni disponen de personal capacitado, solo existen guardias para cuidar las puertas para que no se escapen los detenidos. Deben existir cárceles de baja, media y alta seguridad. Las cárceles de baja seguridad, son más centros de producción y educación, con mínimas seguridades, galpones con literas para los detenidos, y amplios espacios donde puedan producir adoquines, bloques, procesar basura, etc.

Para las mujeres talleres de costura, lavado de ropa en forma industrial, panadería y pastelería, solo para poner algunos ejemplos. El trabajo digni?ca y rehabilita, y además otorga bene?cios económicos, bajo el concepto de que les corresponde a los detenidos, trabajar para su auto sustento y luego para su rehabilitación, rompiendo el viejo esquema, donde le corresponde pagar al Estado por la alimentación y cuidado de los presos.
Cambiamos, las universidades del delito que son las cárceles actualmente, llamadas así, porque al no tener actividades que realizar, los presos pasan adquiriendo conocimientos en actividades delictivas, por centros de producción y educación en artes o?cios, o profesiones intermedias.
El ciclo se cierra, manteniendo estadísticas y control a los operadores del sistema, para cali?car su e?ciencia y productividad, tanto de policías, ?scales, jueces y rehabilitadores, para que sea el trabajo e?ciente el que garantice la estabilidad de un funcionario y pago de remuneraciones o futuro incremento salarial.

A los Jueces y ?scales, se les debe cali?car la productividad, analizando cuantas sentencias dictaron en un año, cuantos dictámenes acusatorios elaboraron los ?scales y cuantos fueron aceptados en juicio, midiendo la e?ciencia, analizando cuantas de las sentencias fueron modi?cadas por la Corte Provincial por errores de derecho o mal evaluación de las pruebas. Solo con procesos evaluatorios permanentes, con parámetros como los que se señalan, podremos tener operadores del sistema controlados y e?cientes, siendo esta la mejor forma de controlar la corrupción, y de garantizar la estabilidad de un funcionario.

 

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